lunes, 9 de diciembre de 2013

Colombia, Banana Republic: Destitución de Petro



Lo que a nadie la va a gustar.

Se veía venir la destitución de Gustavo Petro, y finalmente se hizo realidad. Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó al burgomaestre de Bogotá por 15 años, lo legalmente más cercano a matar a alguien, como alguna vez añoró Ordóñez en una conferencia en México para con cualquiera que fuera remotamente liberal.

Curiosamente, la indignación no se hizo esperar, y muchos ciudadanos salieron a la calle para oponerse a la decisión y a defender a Petro y, según dicen, a la democracia. Incluso, hay propuestas para destituir al Procurador y quitarle los "súperpoderes". La forma como se han desarrollado los hechos plantea varios problemas e inconvenientes.

Quiero dejar claro que yo desprecio a Alejandro Ordóñez y todo lo que representa, como lo hace cualquier persona medianamente decente.

Ordóñez, como ha quedado claro con sus actos, incluida su tesis de grado, y su pertenencia a la secta católica lefebvrista, de corte racista y medieval, quiere un estado teocrático, autoritario y represivo, enemigo de las libertades individuales y los derechos humanos. Él representa el totalitarismo y la suya es una postura claramente antidemocrática.

Se les dijo y se les advirtió


La ira contra la destitución de Petro se ha enmarcado como un "golpe de Estado" a la democracia, pero bien vale la pena detenernos a analizar si esto es así. En primer lugar, hay que recordar que Petro votó por Ordóñez, aún cuando el escaso periodismo investigativo de calidad del país se desgañitaba señalando que estaban eligiendo a un inquisidor como no se veía desde Torquemada.

La explicación que Petro dio de su voto no aguanta el más mínimo examen. Según Petro, Ordóñez perseguía a los políticos aliados de la mafia, lo que es absurdo, puesto que Ordóñez es el político más aliado de la mafia: es títere y esclavo de la Iglesia Católica.

Es muy probable que la destitución de Petro responda a una persecución ideológica de esas que tanto le gustan al señor Ordóñez, un abuso de autoridad de sus potestades como Procurador, pero la respuesta que se ha generado se asemeja más a la de una turba enfurecida.

¿Defendiendo la democracia, maestro?




Para que una democracia sea siquiera remotamente funcional, es necesario que tenga instituciones fuertes. Por ejemplo, una Procuraduría con la potestad de destituir servidores públicos de elección popular cuando estos violen los derechos humanos (y no es descabellado pensar que Petro violó derechos humanos, aunque su destitución obedezca a motivos completamente ajenos a ello, como el macartismo godo).

Una institucionalidad fuerte ciertamente minimiza el poder de destrucción y retraso cuando, por esas cosas de la politiquería, se elige a un troglodita al cargo.

Otro marcador de una democracia funcional es que esa institucionalidad fuerte obedece a unas políticas de Estado claras, y por ende no pueden estar cambiándose día de por medio, según el ocupante de turno. Un país que ha hecho cerca de 37 enmiendas constitucionales en menos de 22 años, incluyendo varios cambios con nombre propio (extradición, reelección) y con partidos que existen en función de personas en vez de principios, es un país caudillista, alejado de cualquier definición sana y civilizada de democracia.

Quitarle los "súperpoderes" a la Procuraduría es una muy mala idea. El día de mañana, cualquier Alejandro Ordóñez que sea Alcalde podrá perseguir y discriminar minorías a su antojo, y la desdentada Procuraduría tendrá que quedarse de brazos cruzados gracias a esta no-solución, inmediatista y efectista.

Para rematar, las democracias presentables (y cualquier sociedad digna de ser considerada parte de la civilización) opera bajo el imperio de la ley. Alejandro Ordóñez jamás hará algo similar; el problema es que Petro tampoco ha mostrado una disposición particular en este sentido: su aprobación del POT por decreto fue un desafío a las leyes de la República, sus embates contra las libertades individuales han sido toda una muestra de despotismo y sus alegres declaraciones sobre meter a alguien a la cárcel sin el debido proceso resultan escandalosas para cualquier demócrata.

¿Cuándo muere la democracia?


La democracia no murió con la destitución de Petro. Esta sólo es un síntoma de la agonía de la democracia, que empezó desde que se permitió que una persona tan mentalmente inestable y moralmente en bancarrota como Alejandro Ordóñez llegara a ser magistrado del Consejo de Estado, y que luego fuera elegido (¡y reelegido!) como Procurador General de la Nación, que es como haber puesto a un sacerdote a cuidar una guardería.

A esta moribunda democracia no le queda mucha esperanza cuando se hace de Petro un mártir (caudillismo) y se fomentan actitudes iguales a las del Procurador.

¿Se puede recuperar la democracia?


Recuperar la democracia no es imposible, pero no es tarea sencilla. El primer paso tiene que ser el fortalecimiento del laicismo, sin ceder ni un milímetro, toda vez que la religión es la primera causa de discriminación, persecuciones y violación de derechos humanos en el mundo. (Curiosamente, Petro también ha violado el laicismo de manera impune y reiterada.)

Lo segundo es separar a estos elementos nocivos y muy peligrosos, como Alejandro Ordóñez, de cualquier cargo de elección popular. Sería deseable que se investigue y juzgue a todos los que lo ternaron y votaron por él (especialmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo propusieron como candidato aún cuando tenían una investigación en curso en su contra).

También es necesaria la rendición de cuentas. ¿Cómo es posible que el presidente Juan Manuel Santos se haya deshecho en halagos al Procurador al reinvestirlo, y ahora mande cobardemente a sus ministros de Justicia y del Trabajo a cuestionar su abuso de poder?

A Ordóñez hay que responderle con democracia, una institucionalmente fuerte y garante de las libertades individuales; eso es veneno para él. Ni debilitar la Procuraduría, ni promover la desobediencia del flagrante abuso de autoridad harán nada en este sentido.

Promover la destitución e inhabilidad de Ordóñez (y exigir una investigación penal, por delitos como, ohh, no sé, violar la reserva judicial y los excesos cometidos para su Iglesia, ebrio de poder) es un buen comienzo.

Ojalá los ciudadanos sepan canalizar su indignación en ese sentido, y ojalá esta no sea flor de un día.

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